Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorga medidas para proteger a joven con discapacidad en Bucaramanga: UDES

El equipo del Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander (UDES) llevó a la justicia internacional el caso de un joven en situación de discapacidad, a quien se le han vulnerado sus Derechos fundamentales en Bucaramanga.

Así las cosas, el pasado 20 de noviembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 67/2023, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de esta persona, tras considerar que se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable”.

De esta forma, el organismo insta al Estado colombiano a tomar medidas inmediatas para garantizar la atención médica y derechos fundamentales del hombre, diagnosticado con síndromes epilépticos idiopáticos generalizados, desnutrición proteico-calórica moderada e incontinencia urinaria no especificada, como consecuencia de una caída desde un árbol en 2018.

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De acuerdo con la información documentada por el Consultorio Jurídico de la UDES, se trata de un ciudadano con discapacidad cognitiva y motriz, y el tratamiento médico que requiere se le debe brindar "de forma continua y sin interrupciones" para prevenir traumas, accidentes, estado epiléptico, e incluso la muerte.

Tras conocer este caso en 2021, el Consultorio Jurídico de la UDES interpuso diferentes acciones legales contra el Estado y su EPS. No obstante, los abogados consideran que no se han tomado las medidas suficientes para restablecer los derechos de este ciudadano.

Al verse agotados los recursos jurídicos en el país, el Consultorio Jurídico UDES acudió al Sistema Internacional de protección de Derechos Humanos. El 25 de mayo de 2023, Daniela Ordóñez Kandia, estudiante del programa de Derecho, radicó el caso ante la CIDH con el acompañamiento de la directora del Consultorio Jurídico, Tatiana Vivas Buitrago, y las asesoras Martha Lucía Jiménez Muñoz y July Alejandra Mateus Mancilla.

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Decisión

La Comisión advirtió que, a la luz de las valoraciones médicas, una mesa de trabajo realizada y las órdenes judiciales emitidas en este asunto, existe el entendimiento que el beneficiario debe recibir atención de manera inmediata, siendo necesario que el Estado, a través de su institucionalidad, redoble los esfuerzos para atenderlo debidamente. En consecuencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que:

En primer lugar, adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de E.R.L. En particular que, en atención a las valoraciones médicas y socioeconómicas, se adopten las atenciones médicas que sean necesarias, y asegurar que efectivamente sean recibidas de forma adecuada y oportuna; y segundo, se concierten las medidas a adoptarse con el beneficiario y representante.

De esta manera, la abogada July Alejandra Mateus Mancilla explicó que ahora se espera que el Estado colombiano de cumplimiento. “Es algo obligatorio, se debe respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si no lo hacen, recibirán unas sanciones importantes. Dentro de los próximos 15 días hábiles siguientes debe haber una acción por parte del Gobierno, dando cumplimiento a la decisión de la CIDH”, subrayó.

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Hecho histórico

Daniela Ordóñez Kandia, quien a sus 23 años de edad puso todo su empeño para llevar este caso a la CIDH, expresó la satisfacción que siente tras lograr en menos en año un pronunciamiento por parte del organismo internacional. “Esto es un resultado de un arduo trabajo y compromiso con la protección de los Derechos Humanos. Como futura abogada, considero que nuestra labor va más allá de simplemente quedarnos en procedimientos legales, sino que implica un compromiso profundo con la justicia, la equidad y sobre todo con la defensa de las personas que más lo requieren, es decir, de los más vulnerables”.

Asimismo, la estudiante aplaudió la labor del Consultorio Jurídico UDES, desde donde se brinda acompañamiento a personas que no tienen los medios económicos y se encuentran abandonadas por el Estado. “Pienso que, como persona, más que como profesional o como estudiante, lo más bonito es sentir que realmente estás aportando una huella y que estás haciendo un cambio, no solamente en el país, sino en las personas a las que quieres ayudar”.

Para Ordóñez Kandia, esta medida cautelar no solo representa un triunfo profesional o académico, pues recalcó que es una victoria para la justicia y la protección de las personas. “Me siento satisfecha porque lograr que la CIDH actúe a nuestro favor en tan poco tiempo es algo que refleja la calidad del trabajo que se está realizando desde el Consultorio jurídico y la seriedad con la que asumimos este tipo de casos. Puede que no seamos todavía abogados titulados, pero desde la práctica estamos realmente enfocándonos en proteger esos derechos fundamentales”, agregó.

La estudiante considera que en el país aún existen grandes desafíos en materia de Derechos Humanos son bastante fuertes y espera que el Estado cumpla su labor y proteja a quienes lo necesitan. “Es gratificante poder aportar desde la academia este granito de arena y ver que tiene resultados positivos, que tiene los frutos que se esperaba. Es satisfactorio y me hace muy feliz ver que se está haciendo algo por cambiar y por apoyar estas personas”.

Igualmente, la directora del Consultorio Jurídico, Tatiana Vivas, manifestó que “el Consultorio Jurídico de la UDES brinda un servicio social en términos de atención humanizada, suficiencia y calidad para el acceso a los servicios de justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, asumiendo retos y activando el sistema interno e internacional de protección de derechos, retando día a día a estudiantes, profesores, administrativos y directivos a innovar en los procesos de la actividad de la defensa y garantía de derechos, en el que se logren trasformar las problemáticas sociales”.

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Por: John Arias