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El equipo del Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander (UDES) llevó a la justicia internacional el caso de un joven en situación de discapacidad, a quien se le han vulnerado sus Derechos fundamentales (Derechos Humanos) en Bucaramanga.
Los hechos se remontan al año 2021, cuando miembros de la Universidad hallaron en condiciones deplorables a un adulto joven en la Comuna 1, ubicada al Norte de la ciudad. El suceso ocurrió durante una de las brigadas de salud, desarrolladas en el marco del programa de proyección social ‘MIUDES’.
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Al llegar a la vivienda, profesores y estudiantes se percataron de que el hombre se encontraba inmóvil sobre un colchón, en estado de desnutrición severa y encerrado con candado, sin la compañía de algún familiar o amigo cercano.
Según la información recopilada, la única persona vinculada al joven es su mamá, quien es una adulta mayor que no tiene facultades para hacerse cargo de su hijo. Testigos afirman que la mujer suele desaparecer por varios días, sin prestarle la atención requerida y dejándolo abandonado a su suerte.
Tras hacer el respectivo seguimiento, se conoció que esta persona registra una parálisis como consecuencia de una caída de varios metros. Derivado de esta situación, al joven se le han diagnosticado otros problemas de salud.
Acciones legales
Ante este panorama, el Consultorio Jurídico de la UDES ha interpuesto diferentes acciones legales contra el Estado y su EPS. No obstante, los abogados consideran que no se han tomado las medidas suficientes para restablecer los derechos de este ciudadano.
Al verse agotados los recursos jurídicos en el país, el Consultorio Jurídico Bucaramanga, acudió al Sistema Internacional de protección de Derechos Humanos.
Es así que el pasado 25 de mayo de 2023, Daniela Ordóñez Kandia, estudiante practicante del Consultorio Jurídico Bucaramanga, programa de Derecho, radicó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), interponiendo medida cautelar con el acompañamiento de la directora del Consultorio Jurídico, Tatiana Vivas Buitrago, y las asesoras Martha Lucía Jiménez Muñoz y July Alejandra Mateus Mancilla. El objetivo es que se ordene la permanencia del paciente en un centro asistencial, donde le brinden los cuidados médicos y se tomen las medidas necesarias para la garantía de sus Derechos Fundamentales.
Luego de que el proceso empezara a avanzar en el Sistema Internacional de protección de Derechos Humanos, el pasado 7 de julio el Gobierno Local solicitó el apoyo de la Policía y la Defensa Civil para ingresar a la residencia y trasladar al hombre hacia un centro asistencial.
Sin embargo, se está a la espera de una respuesta de fondo por parte de la CIDH que garantice la restitución de derechos de esta persona de forma permanente.
Por: John Arias
Global
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