Se crean espacios para implementar mecanismos de prevención ante las conductas que atentan contra la convivencia escolar

A través del seminario “Políticas de Actualización, Implementación y Desarrollo: Ley 1620 de 2013” la Universidad de Santander abre espacios para que entes territoriales, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia y la academia, aborden problemáticas que surgen entorno al acoso escolar o bullying.

Según el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Santander, Jorge Enrique Chacón Afanador, “es importante la mirada interdisciplinaria frente al fenómeno de la violencia escolar, entendida no solo desde el sujeto que ejerce la violencia, sino también desde el contexto que circunda el sujeto” e invita a reflexionar en la relación de los jóvenes con la ley, el significado que tiene y a su vez, las normas que ellos construyen para funcionar en su entorno social. 

Por su parte Maggie León de Buitrago, directora regional del ICBF (e), menciona la importancia de generar estos espacios al interior de la academia para fomentar, fortalecer y articular acciones que contrarresten el flagelo de la violencia escolar, una problemática que genera un gran daño en el tejido social”.

La ley 1620 del 2013 proyecta generar cambios y mecanismos de prevención ante las conductas que atentan contra la convivencia escolar, y para ello es preciso aunar esfuerzos y actuar de manera articulada, razón por la que el subintendente Freddy Velasco, del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, invita a “la conciliación como respuesta a la solución de esta problemática y a la implementación de proyectos que realmente logren mitigar la violencia escolar, para diseñar herramientas en los que los estudiantes puedan superar sus diferencias y ser tolerantes, basados en el respeto”.

Finalmente, cabe señalar que la familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado juegan un papel importante como corresponsables de la formación de los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen unos derechos, pero a su vez, también tienen unos deberes en el ejercicio de los derechos humanos.